En la ciudad de Pergamino, en el año 2015, el por entonces intendente Omar Pacini promulgó la Ordenanza 8126/14 en cuyo Artículo Nº 6 establecía una zona de exclusión de 100 metros desde el límite del área urbana para la aplicación terrestre de agroquímicos.
Esta situación cambió radicalmente en el año 2019 cuando el fiscal federal Matías Di Lello pidió la elevación a juicio de la investigación realizada contra los Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, por incumplimiento de sus tareas de funcionarios públicos dado que, según la acusación, ignoraron la Ordenanza 8126/14 y permitieron la fumigación con agroquímicos en campos lindantes a zonas urbanas.
Ese mismo año el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo llevó a cabo una nvestigación de acuerdo a las denuncias de varios vecinos y vecinas de Pergamino durante los años 2015 y 2019 y como resultado de los testimonios recolectados, dispuso un incremento de la zona de exclusión de para el uso de agroquímicos de 1095 metros para las terrestres y 3000 metros para las áreas.
Sabrina Ortiz es una abogada pergaminense y referente del colectivo ‘Paren de fumigar’ que desde hace muchos años viene peleando contra el uso de los agroquímicos en zonas lindantes al espacio urbano ya que ella y sus hijos sufrieron en primera persona los efectos dañinos de estos productos en sus cuerpos.
En diálogo exclusivo con Diario Núcleo Sabrina afirmó: “Mis dos hijos tienen altas concentraciones de agrotóxicos en sus cuerpos y estos les han generado daños genéticos que fueron comprobados por varios estudios médicos. Ya también tengo sustancias agrotóxicas en mi cuerpo que me produjeron dos ACV”.
“Hace años que estoy trabajando fuertemente desde la labor legal para que esta situación cambie. Pergamino se encuentra dentro del núcleo sojero en donde hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio y con una política de turno que se opone a todas las medidas de preservación de la salud de las personas”.
Sabrina Ortiz cuenta que su labor es muy solitaria ya que no cuenta con el apoyo de ningún abogado de la zona por lo que su iniciativa es siempre cuesta arriba. “Comencé esta lucha en el 2011 cuando perdí un embarazo por culpa de las fumigaciones que se realizaban en los campos a 10 metros de mi casa del barrio Villa Alicia. Golpeé muchas puertas en distintos lugares y me encontré con que los pocos abogados ambientalistas que tiene la ciudad representan algunos intereses del sector empresarial del agro. Era muy complicado y hoy lo sigue siendo”, dijo Sabrina.
“En Pergamino los cuerpos están hablando”
En el 2014, tanto ella como sus dos hijos se realizaron una serie de estudios en la Fundación Hospitalaria de Buenos Aires para determinar la presencia de agroquímicos y encontraron una concentración de 120 más de sustancias agrotóxicas de lo que podía tolerar mi hijo, en mi hija encontraron una concentración de 100 veces más de lo que podía resistir y en mi cuerpo encontraron 58 veces más de lo normal.
Este estudio médico que certificó la presencia de sustancias agroquímicas en el cuerpo de Ortiz y sus hijos fue clave para que el fiscal federal Matías Di Lello incremente en su resolución la zona de exclusión a 1095 metros en Pergamino.
La institución Delia Aiaassa de la ciudad de Río Cuarto, realizó un estudio a partir del caso de los hijos de Ortiz y determinó que a partir de los 1095 metros comienza a disminuir el daño genético provocado por los agroquímicos en los niños.
La iniciativa que hoy en día lleva adelante Ortiz es que la medida cautelar del juez Di Lello sea ratificada por una ordenanza por parte de la Municipalidad de Pergamino. “Sabemos que una cautelar no es eterna, en algún momento puede caerse y vamos a volver a estar expuestos a la misma situación. Y esto no puede volver a ocurrir porque ya hay muchísimas personas y muchísimos chicos afectados. Los peritos mismos dicen que ya hemos arruinado a tres generaciones y no podemos permitir que esto siga avanzando”, afirmó Ortiz.
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