La tensión en la ciudad de Minneapolis ha alcanzado niveles críticos tras confirmarse el arresto de otras doce personas durante las manifestaciones de las últimas horas. Las protestas, dirigidas contra las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), han mantenido una presencia constante de multitudes frente al Edificio Federal Bishop Henry Whipple. Este clima de agitación social se produce en respuesta a una serie de incidentes violentos que involucran a agentes federales y que han conmocionado a la comunidad de Minnesota.
El detonante principal de la indignación popular se remonta al pasado 7 de enero, cuando un agente del ICE mató a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de familia. Este trágico suceso no solo encendió la mecha en Minneapolis, sino que generó una ola de protestas a nivel nacional. La situación se agravó significativamente este miércoles, cuando se produjo un segundo incidente armado. Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un agente federal hirió de bala en la pierna a un ciudadano venezolano tras ser presuntamente emboscado y atacado por el propio inmigrante al que intentaban arrestar y otras dos personas. Este segundo hecho en menos de una semana funcionó como un catalizador para que las manifestaciones se intensificaran y se tornaran más confrontativas.
En el plano político, el conflicto ha reabierto una fuerte grieta entre el gobierno federal y las autoridades locales. El presidente Donald Trump utilizó su red social, Truth Social, para lanzar duras críticas contra la administración demócrata de Minnesota, afirmando que tanto el gobernador como el alcalde han perdido por completo el control de la situación y no saben cómo reaccionar. La retórica presidencial escaló este jueves, cuando Trump amenazó formalmente con invocar la Ley de Insurrección en el estado. Según el mandatario, la aplicación de esta medida excepcional sería la única forma de poner fin rápidamente a lo que calificó como una farsa que ocurre en territorio de Minnesota.
Las autoridades federales mantienen el despliegue de seguridad alrededor de los edificios públicos.
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