La ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro no admite controversias. El no respeto a la votación popular, la persecución sistemática de la oposición y la anulación efectiva del principio de separación de poderes configuran una ruptura del orden constitucional venezolano ampliamente documentada por organismos internacionales. Ese diagnóstico es sólido. Pero de él no se deriva, bajo ningún concepto jurídico válido, la legitimidad de una intervención unilateral extranjera.
El derecho internacional público es inequívoco. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de los Estados, salvo en los supuestos taxativamente previstos: la legítima defensa ante un ataque armado o la autorización expresa del Consejo de Seguridad. Fuera de esos márgenes, toda acción coercitiva constituye un hecho internacionalmente ilícito que genera responsabilidad estatal, con independencia de la naturaleza del régimen afectado.
El principio de autodeterminación de los pueblos -norma de carácter imperativo- no admite interpretaciones selectivas. No existe en el derecho vigente una “cláusula democrática” que habilite a una potencia a decidir, de manera discrecional, cuándo un gobierno pierde su condición de sujeto soberano. Aceptar esa lógica equivale a reemplazar el derecho por la fuerza como fuente de legitimidad.
Resulta particularmente grave el intento de justificar este tipo de acciones bajo el ropaje de la defensa de los derechos humanos. La protección internacional de esos derechos no se instrumenta mediante decisiones unilaterales ni por fuera de los mecanismos multilaterales, sino a través de procedimientos específicos, con controles, garantías y responsabilidad jurídica.
Lo ocurrido sienta un precedente alarmante en América. Si la ilegitimidad interna habilitara la intervención externa, el orden internacional quedaría sometido al arbitrio de los Estados más poderosos. Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier país cuya orientación política, económica o estratégica resulte inconveniente. La erosión del principio de no intervención no fortalece la democracia: la vuelve rehén del poder.
Venezuela necesita una salida política, democrática y soberana. Toda solución impuesta desde el exterior, al margen del derecho internacional, no solo carece de validez jurídica: consolida una regresión peligrosa hacia un orden basado en la imposición y no en la ley.
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