El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue “capturado y trasladado fuera de Venezuela” luego de una serie de ataques militares estadounidenses en territorio venezolano. La versión, difundida por Trump en la red Truth Social, no fue confirmada por organismos internacionales ni por fuentes independientes.
Las declaraciones se produjeron tras explosiones registradas durante la madrugada en Caracas y en zonas civiles y militares de los estados Miranda, Aragua y La Guaira. El Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” y decretó el estado de emergencia en todo el país.
Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el Ejecutivo desconoce el paradero del presidente y exigió “pruebas de vida”, mientras rechazó las afirmaciones provenientes de Washington. Trump sostuvo además —sin presentar evidencias públicas— que la esposa de Maduro también habría sido detenida.
Según fuentes citadas por la cadena estadounidense CBS, la operación habría sido autorizada días atrás por Trump tras evaluaciones del Pentágono. De acuerdo con esas versiones, un ataque inicialmente previsto para fines de diciembre fue postergado por la prioridad otorgada a otras operaciones militares de Estados Unidos en el exterior.
En tanto, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, apareció públicamente en Caracas acompañado por fuerzas de seguridad y con equipamiento antibalas. “Estamos desplegados. Confíen en nosotros”, declaró. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó los ataques como “ruines y cobardes” y afirmó que se realizan operativos para determinar si hay heridos o víctimas fatales.
Cuestionamientos desde el derecho internacional
Las acciones denunciadas por Venezuela reavivaron el debate sobre la legalidad del uso de la fuerza. De confirmarse una detención del jefe de Estado venezolano por fuerzas extranjeras, especialistas señalan que podría tratarse de una violación a principios centrales del derecho internacional, como la soberanía estatal, la no intervención y la prohibición del uso de la fuerza, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, Rusia expresó su “extrema preocupación” y sostuvo que una operación de este tipo constituiría una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente”. Bielorrusia se sumó a la condena y advirtió sobre el riesgo de una escalada prolongada del conflicto.
Desde América Latina, el presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó la “preocupación y condena” de su Gobierno por las acciones militares y llamó a una salida pacífica basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.
En contraste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró públicamente la supuesta caída del Gobierno venezolano, en una postura que se apartó del tono cauteloso adoptado por otros líderes y gobiernos.
Incertidumbre y tensión diplomática
Mientras Estados Unidos sostiene que la operación fue exitosa, el Gobierno venezolano niega la versión y denuncia una intervención extranjera. La falta de confirmaciones independientes sobre el paradero de Nicolás Maduro mantiene un escenario de alta incertidumbre y eleva la tensión diplomática, con posibles derivaciones regionales e internacionales.
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