La ONU acusó ayer al Gobierno de Estados Unidos de “violar el derecho internacional” con sus ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que Washington vincula con el tráfico de drogas.
“Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables”, escribió en un comunicado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tras recordar que más de sesenta personas han muerto en esos ataques realizados por las fuerzas armadas estadounidenses, según las informaciones disponibles.
“Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya”, agregó, citado por el portal DW.
Una portavoz de Türk dijo que éste ha comunicado a las autoridades estadounidenses la posición de su organismo.
Estados Unidos ha intentado justificar estos bombardeos indicando que forman parte de operaciones necesarias contra las drogas y el terrorismo, y que desde su punto de vista lo que rige sus actos es el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.
Sin embargo, la ONU está en desacuerdo con ese argumento y no considera que se trate de un conflicto armado ni que pueda hablarse de hostilidades declaradas.
En este sentido, las acciones militares de Estados Unidos representan una violación del derecho a la vida y constituyen “ejecuciones extrajudiciales”, explicó, por su parte, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.
“Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional”, detalló.
La ONU reclamó que esos asesinatos sean investigados de forma rápida, independiente y transparente, y aclaró que deben hacerlo las instancias jurisdiccionales de EE. UU.
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