El presidente Donald Trump se enorgullece de ser un negociador, pero su estilo de negociación es más un ultimátum que un compromiso.
En la última semana, Trump ha impuesto aranceles a socios comerciales en lugar de pasar por largas conversaciones para buscar acuerdos. Ha aumentado la presión sobre la Reserva Federal (Fed, banco central de EE.UU.) para que reduzca las tasas de interés. Y su gobierno ha lanzado una nueva investigación sobre la educación superior mientras intenta reformar las universidades.
Para Trump, un acuerdo no es necesariamente un compromiso en el que ambas partes ceden; es una oportunidad para doblar a otros a su voluntad. Aunque Trump ocasionalmente retrocede en sus amenazas, la semana pasada fue un recordatorio de que son una característica permanente de su presidencia.
A medida que Trump refuerza su control sobre las instituciones independientes, hay menos controles sobre su poder. Los congresistas republicanos temen desafíos en las primarias respaldadas por el presidente, y la Corte Suprema está llena de nombramientos de su primer mandato.
Trump resumió recientemente su estrategia al hablar con periodistas sobre las negociaciones comerciales con otros países. “Ellos no marcan el trato”, dijo. “Yo marco el trato”.
Los aliados de Trump creen que su agresión es necesaria en un ecosistema político donde está bajo asedio de los demócratas, el sistema judicial y los medios de comunicación. En su opinión, el presidente simplemente trata de cumplir con la agenda para la que fue elegido.
Pero los críticos temen que se estén erosionando las bases democráticas del país con un estilo autoritario. Dicen que la estrategia del presidente en las negociaciones es una fachada para intentar dominar a sus oponentes y expandir su poder.
“El pluralismo y una diversidad de instituciones que operan con autonomía -empresas, el poder judicial, instituciones sin fines de lucro consideradas como elementos importantes de la sociedad son gran parte de lo que define la verdadera democracia”, dijo Larry Summers, exsecretario del Tesoro y expresidente de la Universidad de Harvard. “Eso está amenazado por estrategias autoritarias y extorsivas”.
Harvard ha sido un objetivo principal para Trump a partir de abril, cuando exigió cambios en la gobernanza de la universidad y nuevos miembros del profesorado para contrarrestar el sesgo progresista.
Ante la resistencia de Harvard, los funcionarios del gobierno cancelaron 2.200 millones de dólares en subvenciones federales. El dinero es el sustento del enorme programa de investigación de la universidad, que incluye estudios sobre el cáncer, la enfermedad de Parkinson, los viajes espaciales y la preparación para pandemias.
Trump también ha intentado impedir que Harvard reciba a aproximadamente 7.000 estudiantes extranjeros, y ha amenazado con revocar su estatus de exención de impuestos. Su gobierno envió citaciones hace poco solicitando datos de estudiantes.
Los funcionarios del gobierno también retiraron fondos de 175 millones de dólares de la Universidad de Pensilvania en marzo debido a una disputa sobre los deportes femeninos. Los restablecieron cuando los funcionarios de la escuela acordaron actualizar las marcas fijadas por la nadadora transgénero Lia Thomas y cambiar sus políticas.
La Universidad de Columbia cedió ante Trump al poner su departamento de estudios de Medio Oriente bajo nueva supervisión, entre otros cambios, después de que el gobierno retirara 400 millones de dólares en financiamiento federal.
En la Universidad de Virginia, el presidente James Ryan renunció bajo presión tras una investigación del Departamento de Justicia sobre prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Una investigación similar se abrió el jueves pasado en la Universidad George Mason. “El financiamiento federal es un privilegio, no un derecho para las universidades”, dijo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.
Se complica la relación con México por las nuevas tasas
Las negociaciones que llevan adelante México y Estados Unidos desde hace varias semanas para llegar a un “acuerdo integral” en materia comercial, migratoria y de seguridad sufrieron un retroceso ante los nuevos aranceles de 30% que anunció el presidente estadounidense Donald Trump y que entrarán en vigencia el 1 de agosto.
Aunque la medida no sorprendió ya que los negociadores mexicanos sabían desde el viernes que vendría el nuevo gravamen, el anuncio de Trump alentó las preocupaciones y la incertidumbre que han dominado en los últimos seis meses las relaciones entre México y Estados Unidos y que ya ha comenzado a afectar las inversiones y a sectores clave como la industria automotriz mexicana, según datos oficiales.
Pese al revés que representó que en medio de las conversaciones se anunciara una nueva tarifa, México dejó claro que seguirá adelante en los diálogos con el gobierno de Trump, que le han permitido librarse de aranceles generales y proteger parcialmente a la industria automotriz y de autopartes, que representa alrededor del 5% del PBI y 32% de las exportaciones totales del país.
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