De un lado está Harvard, la universidad más antigua y rica del país, con una marca tan poderosa que su nombre es sinónimo de prestigio. Del otro lado está la administración Trump, decidida a ir más lejos que cualquier otra Casa Blanca para reformar la educación superior en Estados Unidos.
Ambas partes se están preparando para un enfrentamiento que podría poner a prueba los límites del poder del gobierno y la independencia que ha hecho de las universidades estadounidenses un destino para académicos de todo el mundo.
El lunes, Harvard se convirtió en la primera universidad en desafiar abiertamente las exigencias de la administración por cambios radicales para limitar el activismo en el campus. La universidad enmarca las demandas del gobierno como una amenaza no solo para la institución, sino para la autonomía que la Corte Suprema ha otorgado durante mucho tiempo a las universidades estadounidenses.
“La universidad no cederá su independencia ni renunciará a sus derechos constitucionales”, escribieron el lunes los abogados de la universidad al gobierno. “Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada pueden permitirse ser tomadas por el gobierno federal”.
El gobierno federal dice que está congelando más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos a Harvard. La retención de fondos marca la séptima vez que la administración Trump ha tomado tal medida en una de las universidades más elitistas del país, en un intento de forzar el cumplimiento de la agenda política de Trump. Seis de las siete unidades académicas están en la Ivy League, la agrupación de ocho universidades del noreste del país que se destacan por su excelente formación académica y la dificultad para ingresar como alumno. La Ivy League comenzó como una liga deportiva.
Ninguna universidad está mejor posicionada para dar pelea que Harvard, cuyo fondo de dotación de 53.000 millones de dólares es el más grande del país. Pero al igual que otras grandes universidades, Harvard también depende de la financiación federal que impulsa su investigación científica y médica.
No está claro cuánto tiempo podría continuar Harvard sin el dinero. Y desde ya la negativa de Harvard parece estar envalentonando a otras instituciones.
Tras aceptar inicialmente varios pedidos de la administración Trump, la presidenta interina de la Universidad de Columbia adoptó un tono más desafiante en un mensaje al campus el lunes, diciendo que algunas de los requerimientos “no están sujetos a negociación.” En su declaración, Claire Shipman dijo que leyó sobre el rechazo de Harvard con “gran interés.” “Harvard es obviamente una institución poderosa. Y su decisión tiene el potencial de galvanizar a otras universidades en algún tipo de resistencia colectiva”, indicó David Pozen, profesor de derecho de Columbia que argumentó que los pedidos del gobierno son ilegales.
Trump amenazó ayer con escalar la disputa, sugiriendo en las redes sociales que Harvard debería perder su estatus de exención de impuestos “si sigue promoviendo ‘enfermedades’ políticas, ideológicas que apoyan/inspiran terroristas”, y la tildó de “antisemita” por permitir manifestaciones a favor de Gaza en su campus.
El impasse plantea preguntas sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la administración. Sin importar cómo se desarrolle, es probable que se produzca una batalla legal. Un grupo de profesores ya presentó una demanda judicial contra los pedidos de Trump, y Harvard podría presentar su propia demanda.
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