La crisis de la vivienda en España, donde la oferta de departamentos es insuficiente y los alquileres están disparados, puso bajo presión al gobierno del socialista Pedro Sánchez que, pese a hacer de este tema una de sus prioridades, no consigue por ahora obtener resultados.
“Encontrar un alquiler en España se ha convertido ahora en una carrera de obstáculos (...), sobre todo para los jóvenes”, explica a AFP Juan Lozano, un madrileño de 24 años. “Casi no hay ofertas, y cuando las hay, los precios están por las nubes”, agrega.
Al igual que otras 22.000 personas, según las autoridades, este estudiante salió a manifestarse el domingo en Madrid, siguiendo la convocatoria de una cuarentena de asociaciones que reclaman soluciones ante la escalada de los precios de la vivienda y amenazan a los propietarios con una “huelga de alquileres”.
“El tema de la vivienda es un problema que tiene mucho tiempo en España“, donde todavía se mantiene vivo el recuerdo de la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, pero “desde la crisis del Covid, se ha vuelto insostenible”, insiste Juan Lozano.
Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler aumentó un 82% durante los últimos diez años en el país. Un ritmo cinco veces superior al del salario medio, que creció un 17%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Para los hogares modestos, encontrar un sitio para vivir se ha convertido en misión imposible, ya que la vivienda social es escasa en España, con apenas un 2,5% del parque total, frente al 9,3% de media en la Unión Europea.
ALQUILERES QUE “AHOGAN”
“Los alquileres nos ahogan cada mes y nadie hace nada (...). La mayoría social lleva demasiado tiempo pagando la crisis de la vivienda, mientras una minoría [de propietarios] se enriquece a costa de su trabajo”, denuncia el Sindicato de Inquilinos.
Una opinión que comparte Comisiones Obreras (CCOO). “El acceso a la vivienda se ha convertido en una quimera para amplias capas de la sociedad”, lamenta el sindicato, que insta al Estado a “garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”.
Para el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que hizo de la defensa de las clases populares una prioridad desde su llegada al poder hace seis años, la cuestión resulta espinosa, además de ser una fuente de tensiones con sus aliados de izquierda radical en el Parlamento.
En mayo de 2023, el ejecutivo aprobó una ley sobre vivienda, que preveía un alza de las construcciones de inmuebles sociales, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas y recargos para los propietarios que mantuvieran viviendas desocupadas.
Pero la nueva legislación no ha logrado limitar por ahora el alza de los alquileres, que aumentaron un 10,2% interanual en el tercer trimestre, llegando a picos del 15% en grandes ciudades como Valencia o Madrid.
Un incremento que disparó la impaciencia de la población, mientras el gobierno mantiene un pulso con varias regiones -que son las encargadas principalmente de su implementación- para que la apliquen, 18 meses después de su aprobación.
“La situación es difícil”, pero “el problema de la vivienda no entiende de varitas mágicas”, argumentó Pedro Sánchez.
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