El gobierno de Estados Unidos confiscó un avión utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro que según las autoridades fue comprado ilegalmente a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de Estados Unidos, citando violaciones de sanciones y leyes de control de exportaciones.
El Dassault Falcon 900EX fue incautado en República Dominicana y transferido a la custodia de funcionarios federales en Florida, según indicó el Departamento de Justicia. El avión aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale poco antes del mediodía de ayer, según sitios web de seguimiento de vuelos.
Según funcionarios estadounidenses, entre fines de 2022 e inicios de 2023 los socios del líder venezolano utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra del avión, valuado en ese momento en 13 millones de dólares, a una empresa en Florida. El avión fue exportado desde Estados Unidos a Venezuela, a través del Caribe, en abril de 2023 en una transacción destinada a eludir una orden ejecutiva que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con el régimen de Maduro.
El avión, registrado en San Marino, fue ampliamente utilizado por Maduro para viajar al extranjero, a Guyana y Cuba incluso a principios de este año. El fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que había sido sacado de contrabando de Estados Unidos para ser utilizado por “Maduro y sus compinches”.
Imágenes de medios estatales de una visita en diciembre a San Vicente y las Granadinas muestran a Maduro, la primera dama Cilia Flores y altos funcionarios bajando del avión antes de un día de discusiones sobre una disputa territorial entre Venezuela y la vecina Guyana.
“Dejemos que esta incautación envíe un mensaje claro: los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar”, dijo en un comunicado Matthew Axelrod, subsecretario para el control de las exportaciones del Departamento de Comercio.
El anuncio de la incautación se produce poco más de un mes después de que los venezolanos acudieran a las urnas para una elección presidencial de la que las autoridades electorales -leales al partido gobernante- declararon vencedor a Maduro sin mostrar ningún resultado detallado que respalde su afirmación. La falta de transparencia electoral ha provocado la condena internacional.
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