La fiscalía venezolana citó a declarar hoy viernes al opositor Edmundo González Urrutia, investigado en medio de su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, y advirtió que un desacato implicará una orden de captura.
Es la tercera citación que emite la fiscalía contra el rival del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección proclamada hace un mes es cuestionada por una gran parte de la comunidad internacional. Ayer, los cancilleres europeos negaron la “legitimidad democrática” del gobernante de izquierda.
González Urrutia habló por videoconferencia en esta reunión para presentar la situación del país. El discurso no se hizo público. El embajador, que tiene 75 años, ya ignoró dos citaciones anteriores esta semana por considerar que el Ministerio Público actúa como un “acusador político” que lo sometería a un juicio “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
La líder opositora Corina Machado adelantó que “obviamente no va a ir”. “¿De qué estamos hablando?”, lanzó en una rueda de prensa con medios españoles. La fiscalía advirtió que “de no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha antes señalada se considera” en “peligro de fuga” y “peligro de obstaculización (...) por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión”. Juristas han catalogado el procedimiento de irregular.
González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio cuando apareció por última vez en público. Desde entonces solo se comunica a través de redes sociales. La nueva citación, al igual que las anteriores, no especifica en calidad de qué fue convocado: imputado, testigo o experto, según la ley venezolana. Habla de “rendir una entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho” por la presunta comisión de “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, delitos que pueden llevar en teoría a la pena máxima de 30 años de cárcel.
La citación está enfocada en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González el 28 de julio y el fraude de Maduro. Los documentos fueron desestimados por el chavismo y la Corte Suprema ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro con el 52% de los votos. Pero no publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley.
Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para Machado, también en la clandestinidad. Los responsabilizan además de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, un centenar de ellos menores de edad.
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