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Rechazo a Maduro: Argentina a la cabeza con otros países latinoamericanos
CRECE LA PRESIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL RÉGIMEN DEL LÍDER CHAVISTA

Rechazo a Maduro: Argentina a la cabeza con otros países latinoamericanos

Nuestro país y otros nueve, además de EE.UU., criticaron el fallo que “pretende convalidar los resultados sin sustento” de la elección presidencial.

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“Carece totalmente de credibilidad”, “no hemos visto ninguna prueba”, “pretende convalidar resultados sin sustento”: Estados Unidos, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea y 10 países de Latinoamérica, con Argentina a la cabeza, rechazaron ayer la sentencia que convalidó la reelección del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. 

Washington consideró que “es el momento” para que el chavismo gobernante y la oposición “inicien conversaciones sobre una transición” política. Sin embargo, poco después la Fiscalía venezolana anunció que citará al candidato opositor Edmundo González Urrutia como parte de una investigación penal en su contra. 

González reivindica su victoria en los comicios del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro reelecto. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) avaló el resultado. Ante denuncias de fraude de la oposición, Maduro había pedido al TSJ validar los boletines del CNE, que le dan 52% de los votos. 

La independencia del CNE y el TSJ ha sido cuestionada por la oposición y una misión de la ONU. 

 

“Dar la cara” 

Estados Unidos, que mantiene sanciones contra Venezuela y su industria petrolera y lidera la presión internacional contra Maduro, sostiene que existe “abrumadora evidencia” del triunfo de González Urrutia.  El fallo de la corte suprema “carece totalmente de credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos”, dijo Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado. 

“Los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro solo exacerbarán la crisis”, añade el texto, que llama a emprender negociaciones para una transición “respetuosa y pacífica”. También la secretaría general de la Organización de Estados Americanos rechazó el fallo. 

El CNE no ha publicado resultados mesa por mesa, como exige la ley, al alegar que su sistema fue jaqueado. Liderada por la exdiputada María Corina Machado, la oposición publicó en una web copias de actas de escrutinio que, sostiene, comprueban la victoria de su aspirante con 67% de los sufragios. 

Esa página web, que el chavismo desestima, es el blanco de la investigación penal contra González, que además fue declarado en desacato al no comparecer ante el TSJ en el proceso de “peritaje”. Él argumentó “indefensión”.

“Va a tener que dar la cara”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, que ya lo investiga junto a Machado por “instigación a la insurrección”. 

González está en la clandestinidad y la última vez que apareció en público fue el 30 de julio. Desde entonces habla por redes sociales. 

 

“Inaceptable injerencia” 

Diez países de América Latina (Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) rechazaron “categóricamente”, en un comunicado conjunto con Estados Unidos, un fallo que aseguran “pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral”. 

“Solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular”, indicó el documento. 

El canciller Yván Gil calificó de “inaceptable acto de injerencia” ese texto “grosero e insolente”. En cambio, Machado saludó el comunicado. “A estas alturas, nadie se traga la burda maniobra del TSJ”, escribió en la red X. 

 

“Resultado verificable” 

“No hemos visto ninguna prueba”, dijo el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. 

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable, no lo vamos a reconocer”, declaró Borrell en Santander, España, donde dijo estar intentando que los 27 países de la UE “fijen una posición” como bloque. 

Por lo pronto, el gobierno español pidió que “se publiquen de manera íntegra y verificable” las actas.

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