La fiscalía venezolana defendió ayer la detención por “terrorismo” de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, un hecho que distintas organizaciones no gubernamentales califican de “escalada” contra la sociedad civil a pocos meses de las elecciones presidenciales. A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, la acusan de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, por estar “vinculada de manera directa” con la supuesta operación “Brazalete blanco” para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijo el fiscal Tarek William Saab.
“Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘Brazalete blanco’, incluso delatada por los militares detenidos”, señaló Saab en declaraciones a la prensa. “Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela junto a su hija, que luego quedó en libertad condicional. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue arrestado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.
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