La presión contra TikTok aumentó en EE UU ayer con el avance en el Congreso de un proyecto de ley que podría derivar en la prohibición de la popular aplicación, un día después de que la Casa Blanca la vetara de los celulares de los funcionarios.
Según un portavoz de la aplicación, propiedad de la empresa china ByteDance, TikTok considera que esta prohibición es “teatro político”, y lamenta que “este enfoque sea replicado por otros gobiernos en todo el mundo”.
El lunes a la noche, la Casa Blanca ordenó a las instituciones federales asegurarse de que TikTok no esté en los smartphones de sus funcionarios en un plazo de 30 días, en consonancia con una ley que el presidente Joe Biden ratificó a principios de enero.
Olivia Dalton, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el gobierno “continuará considerando otras posibles medidas, incluso la manera de trabajar con el Congreso sobre este asunto en el futuro”.
Una “amenaza”
Muchos congresistas estadounidenses ven la plataforma de videos virales de formato corto como una amenaza para la seguridad nacional. Su temor, compartido por un número creciente de gobiernos occidentales, es que Beijing pueda acceder a datos de usuarios en todo el mundo a través de la aplicación, una práctica que TikTok ha negado siempre.
Un comité de la Cámara de Representantes votó un proyecto de ley apoyado por los republicanos que le otorgaría a Biden la autoridad para prohibir completamente TikTok en EE UU.
Luego tendría que ser aprobado por ambas cámaras, sin embargo las medidas contra China son uno de los pocos asuntos que unen a la derecha y a la izquierda en el Congreso.
La asociación de derechos civiles ACLU se opone a esta ley por considerar que “censuraría a una plataforma” y “privaría a los estadounidenses de su derecho constitucional a la libertad de expresión”, según declaró una de sus abogadas, Jenna Leventoff.
Durante meses, TikTok ha estado a la espera de los resultados de una revisión del Comité de Inversiones Extranjeras de EE UU (CFIUS, por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental que evalúa el riesgo de cualquier inversión extranjera para la seguridad nacional del país.
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