El asalto bolsonarista al Congreso, el Supremo y el Palacio presidencial de Brasilia el paso domingo llevó a la cárcel, hasta ahora, a 1.200 detenidos. Hubo 500 arrestados pero muchos fueron puestos en libertad con cargos por “razones humanitarias”, porque eran mayores, estaban enfermos o tenían niños a su cargo. Quienes permanecen presos son, sobre todo, los más violentos y detenidos in fraganti dentro de los edificios invadidos: los hombres van a la temida cárcel de Papuda, y las mujeres, a Colmeia, dos centros penitenciarios a las afueras de Brasilia.
Podrían ser acusados de delitos gravísimos: terrorismo, abolición violenta del Estado de derecho y golpe de Estado, además de asociación criminal y vandalismo, según explicó el abogado Philipe Benoni, presidente en Brasilia de la Asociación Nacional de Abogados Criminalistas. Además de representar a los letrados de la capital, ya tiene a algunos clientes entre rejas, y sabe que su defensa no será fácil: “Claramente, las penas sumadas pueden llegar a más de 30 años. Hay que entender que fueron actos graves, sin precedentes en la historia de Brasil. Ni el golpe de 1964 llegó a esa magnitud y osadía de invadir las instituciones de aquella forma, los tres poderes”, resume.
Gravísimos delitos
Hay bastantes indicios que apuntan que los radicales sabían muy bien lo que había que hacer para burlar la seguridad de los edificios. En las fichas policiales elaboradas tras los interrogatorios y a las que accedió la cadena Globo, consta que algunos estaban armados con estacas y objetos puntiagudos. Uno de los encarcelados, por ejemplo, declaró que solo los usaría en caso de “ser atacado por izquierdistas”. Una vez dentro del palacio presidencial, robaron munición y armas de fuego. La pasividad con la que actuaron los agentes de la Policía Militar y algunas autoridades locales también está siendo investigada. El comandante de la policía al cargo del operativo fue arrestado, el secretario de Seguridad, que además fue ministro de Justicia del Gobierno Bolsonaro, tiene una orden de detención y el gobernador de Brasilia fue apartado del cargo.
Mientras tanto, a los presos de Papuda les espera un futuro bastante sombrío. A pesar de que se trata de una cárcel de máxima seguridad, no se libra del principal problema estructural del sistema penitenciario brasileño: la masificación. Tiene capacidad para 5.800 presos, pero alberga unas 13.200 personas, más del doble. Las condiciones de salubridad y seguridad posiblemente serán un shock para los 770 hombres detenidos. La cárcel femenina, nuevo hogar de 420 bolsonaristas, está un poco mejor.
La mayoría de los detenidos son de fuera de Brasilia y llegaron a la capital para participar en la marcha que desembocó en la invasión. Entre ellos hay varios militares retirados.
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