El gobierno peruano declarará el “estado de emergencia” por 30 días en todo el país —periodo en que las fuerzas armadas podrán ayudar a la policía a mantener el control y orden—, debido a las violentas protestas en las que simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, exigen su liberación y reclaman el adelanto de las elecciones.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, hizo el anuncio a periodistas en Palacio de Gobierno tras una reunión del consejo de seguridad junto a la presidenta Dina Boluarte.
“Se ha acordado declarar el estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya se están estabilizando y siendo controlados por la Policía y las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad”, declaró el ministro.
Por su parte, Dina Boluarte aseguró que evalúa con el Congreso y el Tribunal Electoral la forma de avanzar las elecciones generales para diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024, como propuso hace unos días, una idea que generó más protestas por el largo plazo.
“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo haciendo reajustes ayer (martes), conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”, dijo a la prensa Boluarte. El mandato del expresidente Pedro Castillo finalizaba en julio de 2026, pero manifestantes en todo el país exigen elecciones ya.
En tanto, un juez peruano evaluará este jueves si libera a Castillo o si da lugar a un pedido de la Fiscalía de mantenerlo en prisión preventiva por 18 meses.
Castillo permanece con detención preliminar de 7 días en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima, que se cumplieron ayer, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía. El Poder Judicial convocó para este jueves 15 a la audiencia en que un juez debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo.
El miércoles se suspendió la sesión en que se iba a evaluar el caso, a pedido de la defensa del expresidente, que alegó no haber sido notificado. El juez César San Martín decidió el martes “declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado”, que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.
El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, pues Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.
“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
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