Después de un alud de filtraciones a los medios y los tira y afloja entre los diferentes estados miembros y la Unión Europea, ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha formalizado en el discurso del estado de la Unión las principales medidas que propondrá a los Veintisiete para llevar a cabo “una reforma absoluta” del mercado energético. Hacemos una compilación.
Von der Leyen ha anunciado que la Unión Europea prevé recaudar 140.000 millones de euros con el nuevo impuesto que grabaría el 33 % de los beneficios extraordinarios de las compañías de combustibles fósiles —petróleo, gas, carbón y refinamiento—, es decir, de las ganancias que han tenido este último año respecto a la media de ganancias obtenidas en los tres últimos cursos, puesto que es un sector que ha aumentado de manera sustancial sus beneficios durante los últimos meses gracias a los precios astronómicos del gas.
Además, el ejecutivo comunitario pretende estipular un límite de precio de 180 euros por megavatio hora a la electricidad generada a través de energías como la nuclear o las renovables —las que los técnicos de Bruselas denominan inframarginales— porque, aunque sea más barata de producir que la que se hace con gas, las compañías la venden al mismo precio. De este modo, se quiere abaratar el total del recibo de la luz. Ahora bien, según fuentes diplomáticas, este tope no gusta mucho a algunos estados miembros, sobre todo a los menos dependientes del gas y que pagan menos por la energía. Consideran que es demasiado elevado y que, por lo tanto, puede acabar provocando el efecto contrario al que se busca: puede impulsar los precios al alza. La Unión Europea también recaudaría de las compañías que generan electricidad con renovables y nuclear los beneficios que conseguirán entre el máximo acordado y lo que realmente reciben por lo que venden.
Bruselas pretende que este dinero, extraído tanto de los impuestos a las compañías de combustibles fósiles como de las que operan con inframarginales, sea “reconducido” a ayudar a empresas y familias a pagar los recibos de la luz y a compañías eléctricas que tienen problemas de liquidez derivados de la volatilidad de los precios de la energía, y a invertir en energías verdes.
Una de las iniciativas que desde el inicio cuenta con más consenso es la disminución de la demanda energética. Fuentes diplomáticas aseguran que algunos estados no ven con muy buenos ojos que sea de manera obligatoria y prefieren que Bruselas sencillamente marque cifras indicativas. Así pues, en el caso de la reducción del consumo eléctrico general del 10 % hasta el 31 de marzo del 2023 sí que será de cumplimiento voluntario, pero la Comisión quiere que sea obligatorio lograr la disminución del 5 % en horas punta. También hay otros gobiernos, como el de España, que han dicho que apoyarán la medida a cambio de que se dé margen a las administraciones estatales para decidir cuándo y cómo bajarán el consumo de electricidad.
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