La matanza en una primaria de Texas reabre el debate sobre el control de armas
Este tiroteo escolar, el más mortífero en casi una década, volvió a exponer la problemática de la violencia armada apenas diez días después de otro tiroteo masivo en el estado de Nueva York y renovó los reclamos de mayores restricciones en un país donde estos ataques aumentaron más del 50% el año pasado, según el FBI.
"La idea de que un chico de 18 años pueda entrar en una tienda y comprar dos armas de asalto es simplemente incorrecta. En el nombre de Dios, ¿para qué necesitas un arma de asalto excepto para matar a alguien?", reaccionó el presidente estadounidense, Joe Biden.
"¿Por qué seguimos dejando que esto suceda?¿Dónde está nuestra fuerza para tener el coraje de hacernos cargo y enfrentar a los lobbies? Es hora de convertir este dolor en acción", exhortó.
El líder demócrata lleva más de un año instando al Congreso a impulsar una legislación que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y mejore el deficiente sistema de verificación de antecedentes para los compradores.
La oposición rechaza las restricciones
La oposición bloquea esas iniciativas en el Senado, donde la limitada mayoría oficialista es insuficiente para sacarlas adelante.
"Estas personas van a cometer estos horribles crímenes aunque tengan que usar otro arma para hacerlo", dijo a periodistas el senador republicano Marco Rubio tras la tragedia.
Esta idea es compartida por varios de sus correligionarios, como el líder de la bancada republicana en la cámara alta, Mitch McConnell, o el gobernador de Texas, Greg Abbott, quienes consideraron estas medidas ineficaces para detener el accionar de un "loco" solitario.
El argumento de la salud mental del atacante fue también utilizado por la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), ferviente defensora de la tenencia de armas, que adjudicó la matanza a un "criminal solitario y trastornado".
Tanto la NRA como los republicanos abogan por armar a los maestros o poner agentes armados en las escuelas para evitar estos ataques, en lugar de limitar los "derechos constitucionales de ciudadanos respetuosos de la ley".
"Sabemos por experiencias pasadas que la herramienta más efectiva para mantener seguros a los niños es la aplicación de la ley armada en el campus", señaló el legislador republicano Ted Cruz.
Sin embargo, esta polémica medida -aplicada por decenas de colegios en Texas desde su aprobación estatal en 2013- no funcionó en la escuela primaria de Uvalde, donde ocurrió la matanza de esta semana.
Según un documento revelado por la cadena CNN, el distrito escolar local tenía un plan de seguridad que incluía su propia fuerza policial, monitoreo de redes sociales y un sistema de informes de amenazas para "brindar un entorno seguro" para los estudiantes.
En concreto, la comunidad contrató a cuatro policías -un jefe, un detective y dos agentes- y contaba también con personal de seguridad adicional "que patrulla las entradas de las puertas, los estacionamientos y los perímetros de los campus".
Aunque en un principio las autoridades dijeron que uno de estos agentes había intentado impedir la entrada del tirador al establecimiento, la información fue posteriormente desmentida y sólo habría pasado a su lado en un patrullero sin verlo.
Con el avance de la investigación, el jefe de la brigada escolar fue incluso responsabilizado por demorar la respuesta policial, lo que pone en duda la eficacia de estas iniciativas en un país donde a los 18 años puede comprarse legalmente un arma larga, pero no cigarrillos o alcohol.
La Segunda Enmienda de la Constitución garantiza desde finales del siglo XVIII "el derecho del Pueblo a tener y portar armas", ratificado como inalienable por la Corte Suprema en un fallo de 2008.