El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España admitió ayer haber vigilado “legalmente” a casi una veintena de independentistas catalanes, al tiempo que un juez decretó el secreto de sumario por un mes en la causa abierta por presunto espionaje al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. En una comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Secretos Oficiales, la jefa del CNI, Paz Esteban, acreditó que hay una orden judicial que ampara la legalidad de la vigilancia a 18 personas del entorno del independentismo, documentación que fue vista y consultada por los legisladores en una sesión a puerta cerrada cuyo contenido es secreto.
Esteban admitió el vínculo de la CNI y el espionaje a los independentistas, pero sobre el resto de personas que fueron víctimas de escuchas apuntó a dos posibles “culpables”: un país extranjero, o miembros de las denominadas “cloacas” del Estado. Las explicaciones de la directora no convencieron a los legisladores de los grupos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, EH Bildu, ni de la Candidatura de Unidad Popular, ni tampoco al Partido Nacionalista Vasco, partidos que requirieron, para concluir la sesión, que se forme una comisión de investigación y también que se desclasifiquen los documentos que Esteban mostró, para que los conozcan todos los ciudadanos, reseñó el diario madrileño El Mundo. Pese a la orden judicial exhibida, el independentismo sostiene que el espionaje fue “masivo y generalizado”.
El socialismo, el opositor Partido Popular (PP), la formación de ultraderecha Vox y Ciudadanos salieron satisfechos ya que habría quedado demostrado que el CNI “se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad”.
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