A comienzos de semana, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, junto al secretario y coordinador general de Gobierno, Camilo Alessandro, brindaron una conferencia de prensa en la que se refirieron a los recientes hechos de inseguridad que se registraron en la localidad.
Durante su exposición, afirmaron que dos de los sujetos implicados en los hechos fueron identificados y que la policía no los pudo arrestar por no contar con las órdenes de allanamiento pertinentes. Y culparon al fiscal de la Ayudantía Fiscal, Ricardo Zapata, por esta situación. "Estamos muy preocupados por este inepto que se encuentra a cargo de la Ayudantía Fiscal", declaró el jefe comunal.
A su vez, adelantó que pedirán la remoción del fiscal Zapata. "Ya dimos de baja el alquiler de esa fiscalía porque no vamos a pagar para tener a un inútil a cargo que nunca se preocupó por dar una orden de allanamiento".
Por su parte,su hijo Camilo también apuntó contra los fiscales a cargo de las distintas UFI de la ciudad y destacó el buen accionar de los efectivos policiales en su tarea de esclarecer los hechos y detener a los responsables. "Hace 10 días que queríamos hacer esta conferencia pero quisimos darle el tiempo suficiente a la Justicia para que actúe pero no lo ha hecho".
Y añadió: "El municipio y la Policía están haciendo lo que se debe, es la Justicia la que tiene que actuar en consecuencia".
Estas declaraciones provocaron la reacción de los integrantes de la UCR de Salto, quienes a través de un posteo en redes sociales repudiaron los "agravios y malos tratos" que Ricardo y Camilo Alessandro tuvieron contra Ricardo Zapata, al mismo tiempo que manifestaron su expreso apoyo al funcionario judicial.
"Resulta indispensable aclarar que, de acuerdo con lo establecido por la Ley 13.274 de la provincia de Buenos Aires, no es competencia del ayudante fiscal disponer órdenes de allanamiento ni adoptar medidas procesales de esa índole. Tales decisiones corresponden exclusivamente al fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y, cuando corresponde, al juez de garantías", explicaron.
Asimismo, sostuvieron que, tras la renuncia del comisario Byrne, la responsabilidad del cargo recae en el propio intendente debido a que "no designó un nuevo secretario de seguridad".
Para finalizar, los radicales de Salto argumentaron: " La seguridad ciudadana requiere compromiso, coordinación y planificación real entre los distintos niveles del Estado, no señalamientos injustificados ni construcciones orientadas a encubrir la ineficiencia de la gestión política".
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