Solicitaron elevar a juicio la causa de la narcoavioneta hallada en Pergamino
La investigación se inició en mayo de 2022 tras su hallazgo en un campo de El Socorro. Los posteriores peritajes confirmaron que había sido utilizada para introducir cargamentos de cocaína.
Una investigación federal que comenzó con una avioneta abandonada en un campo del norte bonaerense podría llegar pronto a juicio oral luego de que el fiscal federal Matías Di Lello solicitó que ocho personas sean juzgadas por integrar una organización dedicada al transporte, producción y comercialización de estupefacientes, con bases operativas en San Nicolás y Pergamino.
El expediente se inició el 6 de mayo de 2022, cuando una avioneta Cessna sin matrícula, detectada previamente realizando maniobras irregulares, fue hallada tras un aterrizaje forzoso en un predio rural del paraje El Socorro, partido de Pergamino. Dentro de la aeronave se encontraron hojas de coca, sobres de bicarbonato, chips telefónicos de origen boliviano y anotaciones que permitieron inferir que se trataba de una operación de narcotráfico con conexiones internacionales.
A partir de ese episodio, Gendarmería Nacional Argentina puso en marcha la operación “Rompiendo Alas”, una investigación de alcance regional que contó con la intervención del Poder Judicial bonaerense y la cooperación de autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia. Con el avance de las tareas de inteligencia, los investigadores lograron reconstruir una ruta aérea utilizada para ingresar droga desde Bolivia y Perú hacia la Argentina y vincularla con una red local de distribución.
La causa fue instruida por la Unidad Fiscal San Nicolás, a cargo de Di Lello, junto al fiscal coadyuvante Wenceslao Insúa y con el apoyo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Según la acusación, la estructura criminal estaba organizada en distintos niveles, desde la obtención de la materia prima hasta la venta al consumidor final.
Para la fiscalía, los presuntos jefes de la organización serían Alan “Lawers” Ávila (31), comerciante de criptomonedas radicado en Córdoba, Fernando Chiorazo (46) y Lucas Morales (29). A ellos se les atribuye la planificación general, la compra de insumos y el cultivo de plantas de marihuana.
En un segundo escalón aparecen Jesse Jiménez Mendoza (31), remisero y prestamista peruano con residencia en la Ciudad de Buenos Aires, Waldimer Hernández Ordóñez (45), vendedor de muebles colombiano, Brian Antúnez (28), profesor de baile y remisero, Rodrigo Tristán (35), organizador de eventos y Pablo Hurtado (60), guía de caza. De acuerdo con el requerimiento fiscal, estos imputados se encargaban del suministro y la distribución de estupefacientes en el norte de la provincia de Buenos Aires y localidades cercanas.
La acusación también señala que Jiménez Mendoza abastecía a Hernández Ordóñez, quien operaba en los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Una modalidad similar habría utilizado Morales con su pareja, actualmente prófuga junto a otras dos personas sobre quienes pesa una orden de captura nacional e internacional.
El golpe decisivo contra la organización se produjo el 16 de marzo de 2023, cuando se realizaron múltiples allanamientos en Córdoba, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esos operativos fueron detenidas nueve personas y se secuestró una gran cantidad de droga y bienes vinculados a la actividad ilícita.
Entre lo incautado se cuentan siete vehículos, 1.202 pastillas de éxtasis, casi 400 gramos de tusi, más de 500 plantines de marihuana en distintos estados de crecimiento. cocaína fraccionada, más de 13.292 dólares, más de 12 millones de pesos, seis armas de fuego y numerosos dispositivos electrónicos.
Los investigadores también hallaron balanzas de precisión, máquinas para contar dinero, elementos de corte y materiales compatibles con la instalación de laboratorios de drogas sintéticas, invernaderos de cannabis y sistemas de secado, lo que refuerza la hipótesis de una organización con capacidad de producción propia.
Ahora, será la Justicia la que defina si el caso avanza a juicio oral, donde los acusados deberán responder por el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la participación de una organización integrada por más de tres personas.