A mediados del mes de agosto, el Gobierno nacional sorprendió a todos al anunciar que se estaba barajando la idea de que las sucesiones se puedan realizar por fuera del ámbito judicial para que puedan ejecutarse mediante la intervención de escribanos.
Esta iniciativa fue volcada a la opinión pública por parte del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el rechazo de los colegios de abogados no se hizo esperar.
La ley ómnibus del Ejecutivo que encabeza Javier Milei también busca que los trámites de divorcio puedan realizarse sin la mediación de abogados de cada una de las partes, introduciendo lo que denominó como "divorcio express".
El artículo 435 del Código Civil preveía hasta ahora como causas de disolución del matrimonio las siguientes: a) muerte de uno de los cónyuges; b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; c) divorcio declarado judicialmente.
Ahora, el artículo 352 de la ley ómnibus dice: “Incorpórase como inciso d) del artículo 435 del Código Civil y Comercial aprobado por la Ley N° 26.994 y sus modificatorias, el siguiente: 'd) comunicación de la voluntad de disolver el vínculo presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo del último domicilio conyugal, la cual tendrá los mismos efectos que el divorcio".
Esto significa que sin la necesidad de contar con un abogado, el matrimonio que decidiera divorciarse de común acuerdo podría hacerlo por la vía administrativa en lugar de la judicial, mediante la desaparición de la mediación.
Diarionucleo.com dialogó en exclusiva con el presidente del Colegio de Abogados de Pergamino, Damián Pimpinatti, para conocer su visión acerca de este polémica modificación que pretende realizar el Gobierno.
"Desde el Colegio de Abogados de Pergamino conjuntamente con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados venimos siguiendo de cerca y con suma preocupación este intento que ahora quedó plasmado en el proyecto de ley presentado bajo el número 3287-D-2023 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Nuestra posición es de rechazo a la implementación del divorcio administrativo y que prescinde de la intervención de un profesional letrado en el trámite", expresó.
Y añadió: "Consideramos que atenta contra la seguridad jurídica y en corto plazo traerá serios problemas que indefectiblemente deberán ser resueltos en tribunales. Esto se debe a que cualquier propuesta de permitir la renuncia a derechos fundamentales sin el debido asesoramiento legal pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad".
Pimpinatti precisó que el divorcio, como institución que afecta el estado de familia, debe siempre requerir la intervención de un letrado para garantizar la protección integral de los derechos y por eso cualquier acuerdo que implique renuncias arribados sin esa intervención pueden ser atacados de nulidad, por tratarse de actos viciados o renuncias inválidas, generando potenciales conflictos judiciales a futuro.
A su vez, indicó que juristas del prestigio como Marisa Herrera y Aída Kemelmajer de Carlucci ya se han manifestado en contra de este proyecto a través de diversos medios y cátedras. "Detectan incongruencias con el ordenamiento jurídico vigente, porque el proyecto presenta inconsistencias, desprotege grupos vulnerables, no contempla adecuadamente la situación de cónyuges en condiciones de vulnerabilidad, como personas con discapacidad o adultos mayores, hay serias contradicciones con estándares internacionales y carece de la salvaguarda esencial como la asistencia letrada obligatoria".
Ahondando en la razones del rechazo a la iniciativa del Ejecutivo nacional, explicó que la actual legislación permite que el trámite ante la justicia y con asistencia letrada puede de una vez y para siempre resolver todas las consecuencias post ruptura del matrimonio. Además, remarcó que el divorcio no compromete sólo la extinción del vínculo sino, principalmente, los efectos que se derivan de la disolución y que deben ser abordados de manera integral como por ejemplo el régimen de visitas de los hijos e hijas, alimentos, bienes gananciales, etc.
Para finalizar, remarcó la postura de la institución que preside. "Desde el Colegio de abogados consideramos que este proyecto, lejos de simplificar procesos, podría generar graves perjuicios a los ciudadanos y al sistema de justicia en su conjunto. Adhiero a los dichos de la jurista Marisa Herrera al considerar que es un proyecto desconectado de la realidad que solo encierra un capricho con una idea que se estudió en su momento y se descartó porque traía más problemas que soluciones. Porque lo barato sale caro".
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